Panorama Político Nacional
Red de espionaje ilegal

Stornelli en fuga

El fiscal Carlos Stornelli fue reclarado "en rebeldía" por no presentarse ante la Justicia. (Dibujo: NOVA)

Por Sofía Muñoz, corresponsal de NOVA en Casa Rosada, Congreso de la Nación y Legislatura porteña.

La Justicia, esa balanza que interviene entre el bien y el mal, que busca el mejor camino para las víctimas y el castigo correspondiente para los victimarios. Hoy, lo que parece lógico no es lógico, gracias a los que actualmente ocupan un lugar en uno de los poderes del Estado, que lejos está de quebrantar la impunidad.

El Poder Judicial es una de las instituciones más rechazadas por la sociedad. No sólo por la inseguridad que se vive en el día a día en la calle, sino también por la corrupción que involucra a personajes del poder y que parece no tener fin, o aunque sea un freno de vez en cuando.

Un nuevo caso polémico es el del fiscal Carlos Stornelli. La semana pasada el juez Alejo Ramos Padilla lo declaró “en rebeldía”, luego de que el funcionario no se presentara a declarar en el juzgado de Dolores, en el marco de la causa que investiga una extensa red de espionaje ilegal.

Por su parte, los jefes de los bloques de diputados y senadores del Frente para la Victoria, Agustín Rossi y Marcelo Fuentes, anunciaron la decisión de presentar ante la Procuración General la suspensión preventiva al fiscal hasta que “se ajuste a derecho” y requerirán que se conforme la Comisión Bicameral Permanente de Seguimiento y Control del Ministerio Público de la Nación para citar a Stornelli.

“Hoy el Poder Judicial tiene una falta de legitimidad y estos casos aumentan la falta de credibilidad en la Justicia”, expresó Rossi, en una entrevista con NOVA, y agregó: “En un país donde la situación económica se agrava, donde el Gobierno parece no tener control de las variables macroeconómicas, hay una situación de debilidad institucional, las comisiones permanentes del Congreso no son conformadas y hay un fiscal de la República que durante cuatro oportunidades no concurre a una declaración indagatoria, nos parece que se exige algún tipo de respuesta”.

Todos por la transparencia electoral, mientras que los aportantes truchos quedaron en el olvido

Tras devolver a un plenario de comisiones el proyecto de ley de financiamiento de partidos políticos, Cambiemos y el PJ lograron la semana pasada firmar dos dictámenes distintos con el objetivo de llevar la norma al recinto del Senado el próximo 10 de abril, luego de dos intentos frustrados.

“La idea es aprobarlo rápido. Hace semanas estamos trabajando para que esto se apruebe, porque es una ley que va a dar transparencia para que todo el mundo sepa quién financia a quién en las campañas políticas, y además que le pone un tope a los aportes de cada empresa para que la sociedad se quede tranquila de que un poder no puede ser influido decisivamente por ninguna compañía”, expresó el presidente provisional del Senado, Federico Pinedo, en una entrevista con NOVA, evitando tocar el tema de los aportantes truchos.

La discusión pasará ahora al recinto, donde el conteo de votos será fundamental dado que cualquier ley electoral requiere, para ser aprobada, una mayoría absoluta (37 votos), número al que ningún bloque puede llegar por sí solo. Esto hará que cualquiera de las modificaciones propuestas pueda “caer” en caso de no lograr esa mayoría en la votación artículo por artículo.

La Plaza de Mayo dividida en dos

La Legislatura porteña dio el primer paso este jueves para dejar las rejas colocadas en la Plaza de Mayo con la aprobación en primera lectura de un proyecto, con 32 votos positivos y 24 negativos. La iniciativa fue propuesta por el jefe de Gobierno de la Ciudad, Horacio Rodríguez Larreta.

Es insólito que organismos del Estado, que debieran estar deliberando sobre la situación de miseria que está viviendo nuestro pueblo, tenga como punto central de debate si tiene que haber o no una reja en la Plaza de Mayo”, criticó la legisladora Laura Marrone, en diálogo con NOVA.

No sólo Marrone está en contra, sino gran parte de la oposición y hasta la Comisión Nacional de Monumentos, de Lugares y de Bienes Históricos, entre otras entidades, una autoridad estatal que es vinculante hasta para la Justicia, y que, a pesar de ello, no pudo prohibir las rejas.

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