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Golpe de Estado

Revés para Almagro y la OEA: la ONU decidió intervenir en la catástrofe de Bolivia

Según informó CIDH, la acción represiva impulsada por la dictadura de Jeanine Áñez, emergente del golpe de Estado contra Evo Morales, ya provocó 23 muertes. (Dibujo: NOVA)

Por Alberto Lettieri, especial para NOVA

Según informó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la acción represiva impulsada por la dictadura de Jeanine Áñez, emergente del golpe de Estado contra Evo Morales, ya provocó 23 muertes.

La responsabilidad de la dictadora no resiste ninguna clase de cuestionamiento, ya que dicho accionar de las fuerzas armadas bolivianas fue avalado por la “autoproclamada” con un decreto emitido el pasado viernes, en el que desligó de responsabilidades penales a los militares que salgan a las calles a la caza de manifestantes opositores. Este decreto fue el paso siguiente a la expulsión y procesamiento por “sedición” a los periodistas que pretendían reflejar los acontecimientos que se desarrollaban en la nación hermana, pretendiendo provocar una especie de “apagón informativo”, que no consiguió concretar.

"El personal de las fuerzas armadas que participe de operativos para el restablecimiento del orden interno y estabilidad pública estará exento de responsabilidad penal, cuando en cumplimento de las órdenes constitucionales actúen en legítima defensa y en estado de necesidad", sanciona el srtículo 4 de un decreto publicado el viernes por Áñez.

En lo que significa un duro revés para la Organización de Estados Americanos (OEA), cuyo titular, Luis Almagro, ofició como promotor y principal defensor del golpe de Estado en Bolivia, la ONU decidió una rápida intervención para tratar de restablecer la paz y la institucionalidad, a través de la convocatoria a nuevas elecciones.

El grave problema adicional que afrontan el gobierno de la autoproclamada y la OEA es que los partidarios de Evo Morales tienen mayoría en la Asamblea Legislativa, y han denunciado reiteradamente las trabas impuestas por el gobierno de facto para que el cuerpo pueda sesionar. Estas trabas incluyen la agresión física a los legisladores, quienes además fueron “demorados” por los uniformados para bloquear la actividad legislativa.

Bolivia está incendiada y en plena guerra civil. La dictadura de Áñez no consigue hacer pie ni controlar el territorio. En las últimas jornadas, los manifestantes en favor de la reinstalación de la democracia y de las instituciones republicanas han bloqueado la mayoría de las carreteras, tomaron el Parque de Armas de El Alto, y amenazan con cortar el abastecimiento de gas y de energía. También está latente el inicio de un paro general por tiempo indeterminado ya aprobado por la principal central sindical, y los legisladores han anticipado su intención de reunirse para definir la fecha de realización de nuevas elecciones.

En el plano internacional, el golpe de Estado ha merecido un repudio generalizado, a excepción de los gobiernos de Estados Unidos, Brasil y del venezolano Juan Guaidó.

En la Argentina, donde habitan más de 2 millones de bolivianos, la catástrofe boliviana ocupa el centro de la agenda periodística y política. El presidente electo Alberto Fernández explicitó reiteradamente su condena, y tuvo duros conceptos hacia el gobierno de la autoproclamada, Donald Trump, Jair Bolsonaro, Mauricio Macri y la OEA. "El gobierno de facto que usurpó el poder en Bolivia, ha liberado a las fuerzas armadas para que actúen sin tener que responder por sus crímenes. Crece el número de muertos. El gobierno argentino calla. La OEA avala", posteó Alberto Fernández, al tiempo que pidió la intervención de la ONU y de su alta comisionada en DDHH, la ex presidenta de Chile Michelle Bachelet, quien respondió de manera inmediata:

"Mientras que las primeras muertes se produjeron como resultado de enfrentamientos violentos entre manifestantes rivales, las más recientes parecen derivar de un uso innecesario o desproporcionado de la fuerza por parte de personal policial o militar", afirmó Bachelet.

"Realmente me preocupa que la situación en Bolivia pueda salirse de control si las autoridades no la manejan cuidadosamente, de acuerdo con las normas y estándares internacionales que rigen el uso de la fuerza, y con un respeto pleno por los derechos humanos", concluyó la ex presidenta chilena.

También la ONU se hizo eco de la interpelación de Alberto Fernández y envió a Bolivia al diplomático Jean Arnault, con la misión de pacificar al país hermano. Este sábado Arnault visitó a Áñez en La Paz. "Nos sentaremos a conversar sobre estos dos lineamientos: la no violencia, de la pacificación y de la necesidad urgente de un diálogo y la necesidad de construir al objetivo anhelado de la celebración de elecciones libres, transparentes e inclusivas", anunció.

La dictadura de la autoproclamada comienza a quedar aislada a nivel internacional, mientras que el recrudecimiento de la guerra civil acecha y amenaza con extenderse a nivel regional.

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